Este viernes, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando revocó la medida cautelar de arresto domiciliario que pesaba sobre Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual reiterado contra dos menores de edad. Macaya, padre del senador Javier Macaya, ex presidente de la UDI, deberá regresar a prisión preventiva en las próximas horas.
Macaya se encontraba recluido en una vivienda de la comuna de Placilla después de que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la prisión preventiva decretada por peligro de fuga el viernes pasado. La corte argumentó que la sentencia emitida por el TOP de San Fernando aún no es firme ni ejecutoriada, pues las partes tienen plazo hasta el 29 de julio para recurrir contra la misma.
La fiscal de alta complejidad, Javiera Oro, explicó que se presentaron nuevos antecedentes, incluyendo un sumario administrativo de Gendarmería de Chile y una resolución del Tribunal Constitucional, lo que llevó al tribunal a decretar nuevamente la prisión preventiva por peligro de fuga, ordenando el ingreso inmediato de Macaya al centro penitenciario de Rancagua. «Nos encontramos conformes con esta resolución», destacó Oro.
El abogado querellante, Hernán Fernández, resaltó que la decisión se tomó en consideración de los nuevos antecedentes aportados, señalando que el Tribunal Constitucional rechazó cualquier posibilidad de cumplimiento de pena que no sea en régimen efectivo privado de libertad. Fernández afirmó que el incremento en el peligro de fuga fue un factor determinante en la resolución del tribunal.
Por su parte, Sergio Salas, abogado defensor de Macaya, anunció que apelará la resolución, calificándola de «absurda» y cuestionando el lugar donde será ingresado su defendido. Salas aseguró que Macaya será llevado al hospital penitenciario hasta ser evaluado por médicos y luego trasladado al módulo correspondiente.
En paralelo, Gendarmería está investigando presuntos privilegios recibidos por Macaya durante los tres días que estuvo recluido en la Cárcel de Rancagua tras el fallo condenatorio, ya que se mantuvo en el hospital penitenciario. Salas rechazó la existencia de trato privilegiado, afirmando que Gendarmería sigue sus procedimientos sin influencia de los reos o imputados.
La Fiscalía ha ordenado la incautación del teléfono celular de Ana María Garrido, jefa de la unidad penal, quien además está suspendida por la institución penitenciaria. La misma medida se aplicó a la jefa administrativa de los Servicios, Verónica Milla, y al jefe operativo, mayor Humberto Riveros.
El TOP de San Fernando condenó a Eduardo Macaya Zentilli a seis años de presidio mayor en su grado mínimo por abusos sexuales cometidos contra dos menores. Además, se le impusieron penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, sujeción a vigilancia durante 10 años y prohibición de ejercer cargos en ámbitos educacionales. Una vez ejecutoriado el fallo, se procederá a la toma de muestras biológicas para su inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
