La Estrategia Nacional del Litio, que busca aumentar la producción de litio en Chile mediante la explotación de salares por empresas estatales y privadas, ha suscitado controversia debido a la apertura de salares protegidos a la explotación. La estrategia incluye la asignación de siete salares estratégicos a empresas del Estado, como Codelco y Enami, y la apertura de otros 26 salares a empresas privadas, excluyendo aquellos catalogados como estratégicos y protegidos.
Entre los salares estratégicos asignados, se encuentran Atacama, Maricunga y Pedernales para Codelco, y Grande, Infieles, La Isla y Aguilar para Enami. Además, se ha creado una Red de Salares Protegidos que incluye 27 salares adicionales, aunque la lista de salares abiertos a empresas privadas no se ha hecho pública.
Hasta el 9 de julio de 2024, el gobierno había recibido 88 propuestas de 54 empresas de 10 países para la explotación de 16 salares y 20 yacimientos adicionales. La asignación de estos salares a empresas privadas se anunciará a fines de agosto, con la posibilidad de consultas indígenas en casos de afectación directa.
Sin embargo, es preocupante que la Estrategia Nacional del Litio incluya salares que están bajo alguna categoría de protección según la Ley 21.600. Entre estos salares protegidos se encuentran Atacama, Maricunga, Pedernales, Surire, Bellavista Pintados, Llamara, Ascotán y Punta Negra. Esta ley prohíbe la explotación industrial en Parques Nacionales y Monumentos Naturales, y limita el uso en Reservas Nacionales a actividades no industriales.
La Ley 21.600 también establece que los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar y los Santuarios de la Naturaleza deben ser reclasificados dentro de un plazo de cinco años. Durante este tiempo, estos sitios están protegidos por la ley, que regula la alteración de humedales y la protección de fauna y vegetación.
El hecho de que se haya permitido la explotación de salares que aún están en proceso de evaluación o que son parcialmente protegidos plantea serias dudas sobre la integridad de las decisiones gubernamentales. La explotación de partes de un salar puede tener efectos perjudiciales para el ecosistema en su totalidad, como ha sucedido con el Salar de Atacama.
El llamado a respetar las leyes nacionales vigentes y a no intervenir en salares protegidos es urgente. Se sugiere aumentar la superficie de salares protegidos y considerar la opinión de las regiones en la toma de decisiones. El Salar Laguna Verde, por ejemplo, es un importante destino turístico para la región de Atacama y su explotación podría tener repercusiones negativas.
Se propone la creación de una Ley de Protección de Salares que subsane la desprotección histórica de estos ecosistemas, norme su protección y restauración, regule su explotación y reconozca la salmuera como recurso hídrico. Esta ley debe incluir procesos de consulta a actores regionales y establecer normas para las tecnologías de explotación. Es crucial abordar la demanda de mayor regulación y protección para estos ecosistemas únicos y frágiles, y garantizar que las decisiones sobre su explotación prioricen la sostenibilidad ambiental sobre los intereses económicos.
